La acusación contra Alejandra Espinosa: una asociación ilícita y la responsabilidad de desaparecer a Abel Ortiz

Alejandra Espinosa fue desde el principio la primera sospechosa de la desaparición de Abel Ortiz, su pareja durante 7 años. Fue imputada por homicidio, estuvo detenida en el penal pero la liberaron por falta de mérito. Sin embargo, ese fue el comienzo de otro capítulo de la historia que hoy la tiene otra vez detrás de las rejas.

Las averiguaciones comenzaron con la denuncia del paradero de Ortiz (a quien vieron por última vez el 16 de septiembre de 2014), y en paralelo se conformó una comisión de fiscales que se sumó a la investigación. La causa primero la tuvo el juez Contravencional y Correccional 1 Santiago Ortiz y luego pasó a manos del por entonces juez de Instrucción Penal Nº 1 Leandro Estrada.

Fue después de eso que el magistrado ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de Espinosa, de María Vázquez (amiga de ella) y del ex comisario Marcelo Acevedo por homicidio agravado. Los tres estuvieron presos pero en mayo de 2017 quedaron en libertad por falta de pruebas. Estuvo involucrada la oficial de policía Marcela Rodríguez, pero el procesamiento no la alcanzó.

La investigación prosiguió porque había elementos probatorios sobre la existencia de una asociación ilícita (compuesta por las mismas personas), y uno de los hechos más graves apuntaba a la desaparición de Abel.

En agosto de 2021 Estrada le dictó prisión preventiva a Espinosa junto a su hija Dayana Villegas por la causa de homicidio en grado de tentativa, contra Agustín Figueroa (que tenía 17 años) a quien le dispararon en el glúteo (en un hecho que sucedió 6 meses antes de la desaparición de Ortiz). Y después junto a Acevedo y Vázquez quedaron imputados por asociación ilícita.

Espinosa en la única que sigue presa hasta la fecha. En enero de este año la excarcelaron, pero tres meses después el Tribunal de Apelaciones de Villa Mercedes revocó la medida y decidió que la ex pareja de Ortiz tenía que volver al penal.

Para la familia de "Pochi", que tenía 29 años cuando desapareció, que ella continúe detenida “es una esperanza de poder conocer la verdad”.

“Acreditamos que estas personas tenían la finalidad de cometer ilícitos”, sostuvo Estrada en una entrevista con El Chorrillero. Entre los hechos que se investigó está “la recuperación a prepo de un pen drive en un negocio que hizo Espinosa con el acompañamiento de un móvil de la Comisaría 9º que en ese momento estaba bajo las órdenes de Acevedo”. Después recordó el ataque a la familia de Figueroa: “Le prenden fuego la casa y a los bomberos de la Policía que son quienes hacen las pericias ni los llamaron”. Expuso que había una clara intención “de no investigar”.

“Y así una serie de circunstancias y hechos que indican que de alguna forma operaba una asociación que dirigían Acevedo y Espinosa”, aseguró. También hizo referencia a las “declaraciones testimoniales” que dieron cuenta de una zona liberada “para cometer delitos contra la propiedad”. Además, de acuerdo a las testimoniales, los elementos sustraídos después “eran repartidos en la casa de Espinosa”.

Por otra parte referenció la existencia de “mensajes de textos entre Espinosa y Acevedo, en horas del mediodía, que se juntaron en la comisaría el día de la desaparición”.

“Hay muchos elementos de prueba para sostener este procesamiento”, señaló Estrada que actualmente es fiscal de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, en Villa Mercedes.

No tuvo dudas en indicar que “uno de los hechos de la asociación ilícita es la desaparición de Abel Ortiz”.

“Sostengo que se debería seguir investigando un homicidio, sigo sosteniendo lo mismo, que hubo un homicidio y que las personas son las que en ese momento entendí que eran responsables”, añadió.

Aunque no está confirmada la fecha, se sabe que este año podría definirse la realización del juicio oral.